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CIEs, Privación de Libertad y Exclusión, por Nacionalidad

El Gobierno de España, en su anhelo de mostrarse defensor de las fronteras del continente europeo, trabaja para detener a migrantes en los centros de internamiento de extranjeros (CIE), en su gran mayoría magrebíes

El joven Yassin Moufid (21 años) llegó a las Islas Canarias procedente de Marruecos cruzando el mar, en una patera con más de 20 personas. A pesar del peligro que supone esa ruta, llegó sano y salvo. Cuatro meses después de su llegada, fue enviado al CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) de Hoya Fría en Tenerife. Las personas de nacionalidad marroquí, como Yassin, y argelina encarnan la mayor proporción de extranjeros detenidos en estos centros, donde se ven privados de libertad por un periodo máximo de 60 días con el fin de facilitar su expulsión a sus países de origen: se debe  a la facilidad de deportación por la proximidad de sus países y a acuerdos diplomáticos entre España y Marruecos.

Dos tercios de los internos vienen de solo dos países 

En el informe sobre los CIE del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) llama la atención la discriminación por origen, revelando cifras de detenciones donde la mayoría de los detenidos eran marroquíes y argelinos. Destaca que estas dos nacionalidades representan dos tercios del total de personas detenidas, y que dichas detenciones han sido fruto de las políticas de control de fronteras.

Según el informe, las personas internadas procedían de 90 países distintos (según la nacionalidad declarada), pero solo destacan las cifras de dos países: Marruecos con 2.801 (35,66%) y Argelia con 2.511 (31,99%). Cada uno de los 84 países restantes no llega al 2%. El informe indicó también que esa extraordinaria concentración de personas internadas originarias de solo dos países es un fenómeno muy preocupante y que es algo que requiere un examen más atento: en primer lugar, observando las cifras de internamiento de acuerdo con los motivos por los que fue autorizado, en términos generales y por país de nacionalidad declarada; en segundo lugar, comparando las cifras de internamiento motivado por expedientes de devolución (no solo por entrada ilegal, sino también por quebrantamiento de una prohibición de entrada).

Por otro lado, son muchos los testimonios de ONGs y medios de comunicación que confirman que las personas que se encuentran en estos centros se encuentran en condiciones pésimas y sufren actitudes racistas por parte del cuerpo de Policía. Los funcionarios no hablan árabe y la presencia de traductores es nula o muy limitada cuando se realizan entrevistas o es necesaria la consulta de un médico. Muchos internos no logran comunicarse, lo que genera multitud de problemas que pueden desembocar en altercados y peleas.

Yassine Moufid fue uno de ellos: la Policía lo encontró en el puerto, tratando de salir de Canarias hacia otro territorio español. Cuando le pidieron sus documentos de identificación y entregó su carnet marroquí, lo llevaron inmediatamente esposado a comisaría, donde permaneció detenido 72 horas, para que más tarde un juez decretase su ingreso en el centro junto a cinco personas más. Esas horas, aguardando su deportación a Marruecos, las vivió con desesperación.

«Con las pocas palabras que sabíamos de español, preguntábamos a la Policía por qué nos habían detenido. Se negaban a contestar y muy nerviosos nos pedían que volviéramos a las habitaciones, confiscando nuestros teléfonos y mostrando una actitud de desprecio”, relata Yassine. La política de los CIE es retirar los teléfonos a los detenidos para que no puedan hacer fotografías dentro del centro ni comunicarse por Internet.

Acuerdos entre países cuyas víctimas son los migrantes

Activar el mecanismo de retorno de los migrantes a sus países no solo es suficiente para que se produzca dicho retorno, sino que existe una llamada “condicionalidad positiva”: es decir, que España aporta más dinero a aquellos países que cooperan con acuerdos para aceptar el retorno, y que también participan en la lucha contra la migración irregular mediante acuerdos económicos opacos y mecanismos de control fronterizo que son objeto de persistentes denuncias de violaciones de derechos humanos.

Manifestación de mujeres el 8 de marzo de 2021 cerca del centro de «Aluche» CIE en Madrid© Mohammad Shubat

El investigador y académico Christian Orgaz, doctor de la Universidad Complutense de Madrid de Facultad de Sociología, explica en una entrevista con la revista Baynana que España ha tenido y tiene, sobre todo en el pasado, unos vínculos directos con el país marroquí. Cuando España entra en la Unión Europea refuerza sus fronteras con Marruecos y esto genera cambios en las relaciones entre ambos países. Entre ellos destaca uno común a toda la Unión Europea, y es el de la externalización del control de fronteras a terceros países como Marruecos o Turquía. 

Orgaz recuerda que el primer acuerdo de devolución con Marruecos se remonta a principios de los años 90, por el que el reino alauí comenzó a aceptar a todos los marroquíes expulsados pero también a población de terceros países del continente africano que son expulsados de España a Marruecos, recibiendo a cambio cada vez más bonificaciones. “La política migratoria europea ha externalizado el control de fronteras a terceros países que a cambio de dinero hacen este trabajo sucio y con mecanismos de dudoso respeto a los derechos humanos”, comenta el investigador.

Si las personas son deportadas en 72 horas, ¿para qué sirven los CIE?

A pesar de que existe una normativa que regula el funcionamiento de los centros de detención de extranjeros, el estatus legal de los mismos está sujeto a severas críticas. Son muchas las sentencias que declaran estos centros inconstitucionales, según explica la abogada de origen marroquí especialista en asuntos de inmigración Fatima Al-Fadil en su entrevista con Baynana. Al-Fadil señala que la realidad en estos centros es completamente diferente a lo regulado, y que en la práctica no se respetan derechos básicos como la asistencia sanitaria o la presencia de intérpretes.

Con respecto a las personas que salen de los CIE, 1.248 fueron deportadas recientemente, 1.039 fueron liberadas y 369 se marcharon en otras circunstancias, según el informe del SJM, que también confirmó que “básicamente los inmigrantes son deportados dentro de las primeras 72 horas después de su detención”. Entonces, ¿qué sentido tiene tener personas retenidas en un CIE durante 60 días si la mayoría de deportados son expulsados en las 72 horas tras su detención?

A esto también se refirió Orgaz en su conversación con Baynana, quien explicó que las personas, marroquíes en su mayoría, son expulsadas sin pasar por centro de internamiento y en 72 horas. “Literalmente no hay tiempo de avisar abogados, no hay tiempo de despedirse de la familia…”, explica. “También es cierto que una parte muy importante de la población internada son marroquíes y también es cierto que una parte muy importante de las personas que son identificadas o paradas en una redada policial de identificación racista son marroquíes”.

La impotencia total y la desesperación a veces conducen al suicidio

La abogada Al-Fadil explica que los testimonios de sus clientes revelan la total y absoluta indefensión de los internos en los CIE, donde los intérpretes escasean, la comida es deficiente y la comunicación a través de teléfonos móviles con familiares está prohibida. Según Al-Fadil, «algunos de ellos pasan hasta 60 días esperando una resolución de las autoridades españolas para saber qué pasará con ellos. Numerosas personas migrantes llegan a una situación de desesperación tal que prefieren regresar a su país de origen, para salir antes que permanecer internados en los CIE. Sin embargo, retornar voluntariamente no es tan fácil, porque depende de la sentencia de un juez, por lo que la permanencia en estos centros supone un maltrato completamente innecesario». 

Esta situación fue la que llevó a Marwan Abu Obeida, marroquí de 23 años, a ahorcarse el 15 de julio de 2019, mientras se encontraba —según fuentes del Gobierno español— en confinamiento solitario en el CIE de Valencia. Otra situación similar fue la que vivió el argelino Mohamed Bouderbala, de 32 años, quien también se suicidó tras ser aislado por la Policía, sin vigilancia y sin comida ni bebida durante 18 horas dentro del CIE de Archidona (Málaga).

Yassine Moufid, quien actualmente se encuentra en Canarias, confirmó a este medio que el estado de desesperación que vivió mientras estuvo recluido en el centro de internamiento de extranjeros fue muy grande. “El día se hacía eterno, solíamos salir al sol dos veces al día, y el resto en la cárcel, sin móvil, sin televisión, sin nada. Tenía mucho miedo de que me enviaran de vuelta a Marruecos”.

Yassine Moufid tuvo buena suerte, debido a que Marruecos cerró sus fronteras con España a raíz de la epidemia de Covid-19 mientras se encontraba en el CIE. Fue liberado tras 53 días de prisión para finalmente poder hablar con su familia en Marruecos. Les dijo que su teléfono se había roto y que no había podido contarles nada. No quiso que supieran las malas condiciones por las que pasó durante su detención su España: unas condiciones que sufren miles de inmigrantes como Yassine, y que, según la abogada Al-Fadil, «suponen un maltrato completamente innecesario».

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