La protección de los menores, un derecho que debe prevalecer

La legislación que protege los derechos de los menores está estipulada tanto en el Derecho nacional como en el Derecho internacional. En este sentido, la primera normativa de nuestro ordenamiento jurídico de protección de la infancia la encontramos en la Constitución española de 1978 en su artículo 39.4 al señalar que “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.

Al albor de la Constitución española y de la Convención de la ONU se aprobó en España en el año 1996 la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor. En su artículo primero señala que, «la presente ley y sus disposiciones son de aplicación a los menores de dieciocho años que se encuentren en territorio español», sin distinción de su nacionalidad o procedencia, raza o etnia. El único requisito: ser menor de dieciocho años.

Además, podemos añadir la ley 12/2009, del derecho de asilo y de protección subsidiaria que regula en sus artículos 47 y 48 el derecho de los menores y menores no acompañados a solicitar la protección internacional, la Ley Orgánica 4/2000, conocida generalmente como “Ley de Extranjería”. En su artículo 35 regula la normativa de los menores no acompañados o las leyes autonómicas en materia de protección del menor.

Los menores extranjeros no acompañados son personas vulnerables ante situaciones de violencia, de trata, de explotación sexual, etc. Por ello, tienen que tener acceso preferente a la protección por parte de las instituciones del país de acogida. En el caso español, según los datos disponibles, alrededor de un 60% de los menores extranjeros no acompañados que llegan a España son marroquíes. La mayoría de estos menores proceden de familias desestructuradas que viven en situación de extrema pobreza y exclusión. Debido a las grandes desigualdades que imperan en Marruecos, ven en la migración la única perspectiva de futuro y para poder ayudar económicamente a sus familias. Otros son niños abandonados que acaban malviviendo en las calles de Marruecos y ven en el continente europeo una oportunidad para salir allí y encontrar un hogar.

Estos días la extrema derecha ha irrumpido en la campaña electoral para las elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid previstas para el próximo 4 de mayo. Usan como chivo expiatorio a las personas migrantes, como es habitual en este tipo de formaciones políticas populistas. Hemos visto en otras campañas electorales o en su día a día utilizar de forma recurrente a las personas migrantes. Tratando de relacionarlas con delincuencia, robos, violaciones… O, simplemente, para señalarlos como culpables de la degradación de nuestro sistema de Estado de bienestar, entre otras lindezas, a pesar de que los datos desmienten rotundamente estos falsos discursos.

Entre estas personas migrantes a menudo ha tenido como presa fácil a los menores extranjeros no acompañados, nombrados por este partido siempre por el acrónimo “menas”, en su empeño para deshumanizarlos. Su demagogia política usa mensajes que lo único que transmiten y crean es odio y xenofobia con el único objetivo de obtener un puñado de votos en los comicios.

Pero en esta última campaña electoral autonómica en la Comunidad Autónoma de Madrid, la derecha radical ha mostrado la cara más oscura de su permanente discurso xenófobo al utilizar a los menores en un cartel electoral colgado en el metro de la ciudad con un mensaje vergonzoso. En dicho cartel se puede observar a un supuesto menor extranjero no acompañado junto a la imagen de una anciana bajo el falso mensaje de que un «mena» recibe 4.700 euros al mes mientras “tu abuela” recibe 426 euros de pensión. Es evidente que este tipo de mensajes lo único que tratan es de generar odio hacia uno de los colectivos más vulnerables de nuestras sociedades: los menores no acompañados.

Se trata de otro falso montaje tal y como han puesto en evidencia varias organizaciones no gubernamentales que trabajan con estos chavales.

De los siete millones de habitantes de la Comunidad de Madrid, sólo 269 son menores extranjeros no acompañados, es decir, un 0,0038% de la población, según reconocía la propia presidenta de la Comunidad de Madrid en la cadena SER. El segundo dato, que daban algunos medios de comunicación como la Sexta, es que en la CAM hay un total de 3.709 menores tutelados, de los cuales 2.637 son españoles (71,1%), 1.072 menores son extranjeros (28,9%) y, sólo 269 son menores extranjeros no acompañados (7,25%).

Si este ínfimo número de chavales supone un problema a las instituciones madrileñas, entonces tenemos un grave problema institucional.

La Fiscalía ha denunciado el cartel ante la Junta Electoral por una posible constitución de un delito de odio contra los menores. No cabe ninguna duda que la actuación de la justicia es importantísima, pero no basta con que la Fiscalía o la justicia actúen ante semejante comportamiento xenófobo. También los partidos políticos democráticos, sin excepción, tienen que decirle y hacer ver a la extrema derecha radical que no todo vale en política y en democracia. Utilizar a menores, sean autóctonos o extranjeros, para sacar rédito electoral, tiene que encontrarse con el rechazo frontal y sin titubeos de todos los demócratas y de las instituciones. Aún perdura en nuestra mente esa imagen del año pasado en la frontera de Estados Unidos con México donde la policía separaba de una forma inhumana a padres/madres e hijos pequeños por orden de Trump. Semejante trato a menores no queremos que se reproduzca aquí.

Los partidos políticos democráticos, por una parte, tienen que hacerle ver a las formaciones de extrema derecha que por encima de todo está el respeto a la ley y al Derecho nacional e internacional, especialmente cuando se trata de protección de menores. Por otro lado, deberían trabajar en políticas de protección, tutela e integración más eficaces y, al mismo tiempo, presionar a los países de procedencia para que instauren más justicia social y protección a la infancia en origen (como en el caso de Marruecos). Proteger a los chavales que ya se encuentran en nuestro país tras huir de las guerras, la persecución o de cualquier otro riesgo para su integridad física o sus vidas es nuestro deber jurídico, humanitario y también moral.

Escrito por: Ahmed Benamar Bellouki. Politólogo, Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración