300 mil madrileños y madrileñas sin un lugar donde caerse muertos

Youssef M. Ouled – Okba Mohammad

“La situación es lamentable. Hoy hemos acudido al funeral de una persona que no ha podido tener su propia tumba”, lamenta Obada Karime, quien participa en uno de los últimos entierros de un ciudadano musulmán en el Cementerio de Griñón. Se trata de una persona de origen sirio ubicada en un nicho junto a sus familiares ya enterrados allí. Esta es la única manera en la que Griñón estaría aceptando nuevos entierros puesto que en diciembre del año pasado, el único cementerio adaptado al rito musulmán de la Comunidad de Madrid, anunció estar al límite de su capacidad.

Tras el entierro, Karime junto a un grupo de personas recorre el cementerio para valorar la situación, rezar por sus muertos y comprobar que efectivamente no queda espacio en el que se pueda enterrar. Después, se reúnen y conversan visiblemente molestos ante la ausencia de una solución a este problema que se traduce en la vulneración de derechos fundamentales de la población musulmana: la libertad de culto y el derecho a recibir una sepultura digna sin discriminación por motivos de fe.

Entre estas personas se encuentra Maysoun Douas, concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento, quien viene dedicando mucha energía a la lucha por este derecho de la población musulmana. Además, Maysoun lidera la iniciativa “Por un Entierro Digno” e informa sobre la necesidad de reclamar este derecho, a través de una recogida de firmas, realizando reuniones informativas y también charlas.

Una situación nada imprevisible

Se calcula que en España hay cerca de 2,5 millones de personas musulmanas de las cuales 100 mil están en la capital. Según el listado público de la Comunidad de Madrid, en toda la provincia hay cerca de 280 cementerios. Sin embargo, desde la colmatación de Griñón, ni uno solo está habilitado para la población musulmana.

“Ahora mismo hay más de 300 mil madrileños y madrileñas que no tienen un lugar donde caerse muertos en toda la Comunidad de Madrid”, señaló Douas la pasada semana en la Comisión Permanente Ordinaria de Portavoz, Seguridad y Emergencias. Una sesión en la que la concejala preguntó a Fernando Sánchez González, gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, sobre cuándo comenzarán las licitaciones para las obras de urbanización de la parcela del Cementerio de Carabanchel propuesto para dar espacio a entierros musulmanes, y cuándo se podrá realizar la primera inhumación.

Todo ello en el contexto de la decisión mayoritaria del Pleno del Ayuntamiento de Madrid de 20 de julio de 2022. Fue entonces cuando a propuesta del Partido Socialista de Madrid se formaliza la destinación de una parcela de 10.000 m2 para este fin. La Proposición de Ley contó con el voto de Más Madrid y el grupo Mixto, la abstención de PP y C’s, y la negativa de la ultraderecha.

Casi un año después, no solo no hay avances, las diferentes partes se responsabilizan, los unos a los otros, de no dar los suficientes pasos para garantizar un espacio donde las personas musulmanas puedan enterrar a sus fallecidos. Una de las partes es la Comisión Islámica de España (CIE), órgano representativo de las comunidades religiosas islámicas ante la Administración desde la firma del acuerdo de cooperación con el Estado español (Ley 26/1992). Su secretario, Mohamed Ajana Elouafi atiende a Baynana para explicar que desde 2016 han venido reclamando a los responsables políticos que se atienda esta necesidad.

Fue de hecho en 2016, durante la época de la ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena, cuando se avanzó en la concesión de una parcela del cementerio Sur de Carabanchel. A partir de entonces, el Ayuntamiento puso en manos de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid las negociaciones con la Comisión. Tras años de infructuosos avances, y una pandemia global que aumentó considerablemente el número de entierros en Griñón, la situación no hizo más que empeorar, hasta la aprobación de la Proposición de Ley en 2022.

Pero este problema no se remonta a 2016, en 2006, durante el mandato de Ruiz Gallardón como alcalde, ya se trabajaba en un acuerdo del Ayuntamiento con la Liga del Mundo Islámico – Centro Cultural Islámico de Madrid, según un documento al que hemos tenido acceso en Baynana, que nos ha sido confirmado desde el Centro Cultural, y que recoge en el punto primero lo siguiente: “Es propósito por parte del Ayuntamiento de Madrid (…) ceder el uso de la parcela situada en el Cementerio sur de Carabanchel, con una superficie de 9.900 m2 cuadrados, de modo que constituya un área diferenciada reservada exclusivamente para enterramientos islámicos y que se denominará Cementerio Islámico de Madrid”. Es decir, desde hace 17 años se preveía la colmatación de Griñón, y la necesidad de habilitar un nuevo espacio para el enterramiento según el rito islámico.

Negociaciones encalladas

El departamento de comunicación de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, asegura a Baynana que “en la actualidad continúan las reuniones con la CIE”. No obstante, desde la Comisión señalan que la última comunicación se dio por su parte, y se produjo a través de una carta enviada en enero de 2023. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

Según la Empresa de Servicios Funerarios la negociación se encuentra encallada, la propuesta integral enviada a la Comisión está pendiente de su dimensionamiento. “Estamos a la espera de disponer de una estimación del nivel de sepulturas que podría haber en el Cementerio Sur de Carabanchel. Estos datos no los tenemos nosotros y son fundamentales para estimar las necesidades y adaptar nuestros servicios”, confirman. No obstante, Ajana aclara que esa información ya fue enviada en marzo de 2021. “Hay una estimación de 100 muertos al año”, y recuerda que, “son datos que pueden solicitar directamente al Ayuntamiento de Griñón o a la funeraria que allí trabaja”. 

Esta cifra queda muy alejada de la propuesta presentada por Douas en la Comisión Permanente Ordinaria, y elaborada junto a diferentes colectivos afectados. Un dimensionamiento del proyecto para el cementerio de Carabanchel que atienda hasta 1.500 fallecidos anuales, cifra que asegura ha sido extraída basándose en los datos de decesos de la ciudad. Además añade que “no todo el mundo se siente cómodo enterrando a sus familiares en Griñón, en un cementerio Militar Franquista acondicionado para la Guardia Mora de la época”. Para la concejala no se trata de una falta de información, sino de una falta de interés y voluntad política.

Para la Comisión, la alegría inicial de la aprobación en 2022 de la proposición que establecía el acondicionamiento de la parcela del cementerio carecía de dos cuestiones fundamentales: concreción de fechas y dotación de presupuesto, una tarea dependiente del consistorio madrileño. “Esto no se abordó. La empresa funeraria sin presupuesto y sin fecha de inicio no se mueve”. Por lo que desde este organismo señalan diferencias en el planteamiento del proyecto enviado por la empresa municipal. Fundamentalmente, aquellas que tienen que ver con la carga de unos tres mil euros por los servicios funerarios que asumiría la familia o allegados de los fallecidos. “Buscan recuperar la inversión inicial, pero este escenario es inviable para la comunidad musulmana que no puede pagar esto”, aclara el secretario, e indica que un proceso de repatriación vendría a costar lo mismo, “por lo que no es una solución”.

Por su parte, desde los Servicios Funerarios señalan que “están recibiendo muy pocas solicitudes de entierro islámico”. Algo que estaría vinculado a la ausencia de un cementerio para la población musulmana madrileña, que se ve obligada en muchos casos a buscar cementerios privados en otras comunidades autónomas del Estado español, puesto que los públicos solo aceptan el entierro de aquellas personas que viven en su provincia. La otra vía que queda es la repatriación de sus fallecidos a países de origen. “El proceso de repatriación es un sufrimiento”, comenta Douas, “cuando la familia del fallecido tiene el dinero, tiene que encontrar el avión que hará la repatriación, así que cuando no hay suficientes cuerpos, se retrasa el entierro”. Además, señala que a veces se repatría a personas que nunca han pisado el país de sus padres porque han nacido aquí. “Cuando muere una persona musulmana nacida en España, aparentemente pierde la nacionalidad, porque se les envía a otro país, que no tiene por qué ser suyo, ¿quién los visitará allí?”, se pregunta.

Tras varios intentos de comunicación por parte de Baynana, el Gobierno de España redirigió las preguntas a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y a la Fundación Pluralismo y Convivencia que, hasta el momento de la publicación de este artículo, no ha respondido a las preguntas y requerimientos de información sobre este asunto.

Disponer de un espacio habilitado al enterramiento musulmán es un derecho civil reconocido mucho antes de los acuerdos de cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica, puesto que se recoge en la Ley 49/1978 de 3 de noviembre, de enterramientos en cementerios municipales, la Ley Orgánica 7/1980 de 5 de julio, de libertad religiosa, y la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. El rol que debería jugar la administración en el cumplimiento de este derecho es asumido por asociaciones musulmanas, que recurren a fondos solidarios mediante diversas formas de recogida de dinero para poder sufragar los gastos económicos de sepultura y repatriación. Un doble pago, puesto que sus impuestos ya están financiando muchos de estos servicios. Pero incluso cuando la población se organiza para superar la desidia de la administración, sigue persistiendo el problema central: la dificultad de encontrar un espacio donde enterrar a sus seres queridos.

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