“El centro de salud se ha convertido en una aduana”
Más de 300 organizaciones y colectivos han pedido el fin de la exclusión sanitaria en la nueva ley que prepara el Gobierno
En España, la sanidad es universal y gratuita sobre el papel. En la práctica, la segregación sanitaria existe: la aprobación del Real Decreto-Ley de 2012 dejó a miles de inmigrantes en situación irregular fuera del sistema de salud y las enmiendas posteriores continuaron sin garantizar este derecho.
Ahora, más de 300 organizaciones y colectivos sociales pidieron el fin de la exclusión sanitaria en la nueva Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), cuyo anteproyecto aprobará próximamente el Consejo de Ministros. Denuncian que el texto no recupera el concepto de universalidad, ya que incluye la necesidad de demostrar que las personas llevan más de 90 días en España para tener derecho a una asistencia sanitaria gratuita.
El Centro de Salud no puede ser una valla más que las personas #migrantes han de saltar para llegar a la tierra de la dignidad y los derechos.
— La Red Interlavapiés (@r_interlavapies) April 7, 2022
Por eso reclamamos a @sanidadgob una ley que garantice la #SanidadPúblicaUniversal y entierre definitivamente la #ExclusiónSanitaria pic.twitter.com/cfUUWsmQBd
“La nueva ley no representa un cambio sustancial porque, tal como está redactado el borrador, la exclusión sanitaria va a seguir existiendo durante los primeros meses de estancia en España aunque la persona establezca su residencia aquí”, dice Nacho Revuelta, sanitario y portavoz de la plataforma Yo Sí Sanidad Universal, en una mesa debate celebrada el 29 de marzo.
En un acto frente al Ministerio de Sanidad se compartieron testimonios de afectados, como el del chico que llegó de Colombia siendo VH positivo y durante más de tres meses hasta que consiguió entrar en el sistema estuvo sin acceso a retrovirales, o una mujer cuyos padres reagrupados necesitan una medicación que cuesta 3.000 euros al mes y no la pueden costear.
Quiénes quedan fuera
“Desde hace 15 días hay una señora de Guinea Ecuatorial con un mieloma múltiple con mucha afectación que no podemos atender porque no tiene papeles. Desde la dirección nos han dicho que no se nos ocurra ingresarla y que no es posible darle un tratamiento ambulante (…) De hecho sabemos que existe pero no la hemos podido ver en la consulta por el tema administrativo. ¿Sabéis cómo podemos proceder?”.
Este es uno de los casos que llegan al correo de Yo Sí Sanidad Universal, compartido durante la mesa debate, y un ejemplo de historias de exclusión invisibles que suceden en los centros de salud, casi a nuestro lado. La plataforma REDER ha documentado 5.000 casos de personas expulsadas del sistema de salud en el país, incluyendo a mujeres embarazadas, menores y personas con enfermedades como cáncer, problemas cardiovasculares o diabetes, a quienes se ha negado la atención o se les ha facturado. Pero pueden ser muchos más: solo en Madrid se calcula que hay 27.000.
«Una vez en España nos dijeron que necesitábamos un seguro privado, que desde 2012 [mis padres] no tienen derecho a sanidad»
Un perfil especialmente vulnerable a la exclusión sanitaria es el de padres de inmigrantes que llegan al país por medio de la reagrupación familiar y que, a pesar de llegar de forma regular, ven denegado su derecho a la atención sanitaria. Leticia Ponce y su familia son un ejemplo. Ellos hicieron los trámites para migrar a España sin que nadie les informara de esta situación. “Una vez en España nos dicen en Extranjería que necesitamos aportar un seguro privado de salud. Que desde 2012 no tienen derecho. Es una inhumanidad”, recuerda.
“En esta ocasión fui con mi madre y al salir de la oficina nos abrazamos a llorar. Le dije: mamá, tú te tienes que volver”.
Ponce hoy forma parte de la Plataforma de Afectados por el INSS, colectivo que engloba estos casos. “Estamos hablando de hijos e hijas que llevamos muchos años en ese país, aportando, y que en un momento de la vida decidimos traer a nuestros padres con nosotros. Llegan aquí y no tienen derecho a la sanidad”. Y opina: “Todos contribuimos en este país, los que tienen papeles y los que no”.
La salud: ¿derecho o servicio?
La exclusión cumple una década. En España, el derecho a la salud consta en la Constitución y en el año 2003, la Ley de cesión y calidad del Sistema Nacional de Salud reconoció que todas las personas extranjeras que viven en territorio nacional son titulares de ese derecho. No obstante, 2012 fue el año en el que la sanidad dejó de ser “universal” e incluso dejó de verse como un derecho, según Pablo Iglesias, abogado de Médicos del Mundo y portavoz de REDER.
El Real Decreto-Ley 16/2012 del gobierno de Mariano Rajoy supuso un cambio radical del sistema al introducir la noción de aseguramiento. “La salud dejaba de ser derecho, pasaba a ser un servicio que se disfrutaba en función de que cumplieras la condición de persona asegurada”, explica Iglesias.
El Real Decreto de 2012 supuso un cambio radical del sistema al introducir la noción de aseguramiento: “La salud dejaba de ser derecho”
Eso hizo que quedaran fuera determinados colectivos, destacando las personas en situación irregular o las que llegaban fruto de un proceso de reagrupación familiar (con pequeñas excepciones: mujeres embarazadas, menores y atención en urgencias).
Para Iglesias, era un sistema injusto ya que “se excluía a personas que contribuían al mantenimiento del sistema sanitario mediante impuestos”. También ineficaz: no se justificaba desde la lógica del ahorro. Y tuvo consecuencias dramáticas: la mortalidad las personas en situación irregular se incrementó en un 15% desde la aprobación de ese decreto. Si bien el PSOE se comprometió a recuperar la universalidad de la sanidad mediante su Real Decreto de 2018, no lo consiguió a ojos de las organizaciones.
La exclusión vista por los sanitarios
Revuelta asegura haber visto claramente, como profesional sanitario, el cambio en estos diez años. Antes de 2012 “no tenía ni idea de papeles, atendía a la gente que venía, no teníamos conciencia de problema”, recuerda.
“Los centros de salud eran espacios de cercanía, accesibles, de cuidado, donde se prestaba atención integral”. Ahora la preocupación es qué papeles tienen las personas que acuden a él. “Se ha convertido en una aduana”.
Para Revuelta, la exclusión sanitaria “se está utilizando como herramienta para hacer política de extranjería, hacer un muro disuasorio para que las personas no vengan a este país”.
Para Nacho Revuelta, la exclusión sanitaria “se está utilizando como muro disuasorio para que las personas no vengan a este país”.
Y añade que esto no solo tiene consecuencias de muro para afuera, sino también de muro para dentro. Ese papel de “aduaneros” está haciendo comportarse de otro modo a los administrativos de los centros de salud en un proceso que él compara con el experimento de la cárcel de Stanford: “Está cambiando la forma de tratar, porque se está asumiendo ese papel. No solo afecta a la población migrante sino a toda la comunidad”.
Maite Zabalza, educadora social de la Red Interlavapiés, describe el mostrador del centro de salud como una frontera invisible. “Los centros de cuidados se han convertido en centros de abandonos”, denuncia. “Son sistemas disuasorios. Primero te meten miedo, te amenazan con las facturas, te culpabilizan por ser irregular, no buscan intérpretes, discriminan…”.
Denuncia la odisea burocrática a la que se tienen que enfrentar aquellos que van a pedir cita, los casos de personas que se estaban tratando por enfermedades crónicas y que pierden sus citas y la creación de Unidades de Tramitación para extranjeros en Madrid, que empezaron a funcionar en noviembre de 2021: otro ejemplo de segregación.
La lucha por la sanidad para todos
Frente a esta situación ha habido resistencias, en muy diversas formas. Resistencia en forma de movimientos sociales, de desobediencia civil, de sanitarios objetores de conciencia, de acompañamientos o grupos organizados de migrantes, como Valiente Bangla.
Desde Yo Sí Sanidad Universal “nosotros desde dentro hemos intentado siempre ir descubriendo, como conocedores del sistema, qué fisuras tenía para poder colarse”, dice Revuelta. En estos diez años “hemos aprendido mucho juntas, esos acompañamientos, esa forma de buscar las maneras de sortear las barreras del sistema”.
Frente a las esperanzas rotas del nuevo anteproyecto de ley, todos estos colectivos han hecho público un manifiesto frente al Ministerio de Sanidad para exigir mediante la recogida de firmas que se acabe definitivamente con la exclusión sanitaria y se recupere la lógica anterior a 2012: que cada persona que pueda demostrar estar viviendo en España tenga derecho a la salud.
كاتب
En español
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