Encarcelamiento de migrantes en Tenerife II, ¿racismo o justicia?

Okba Mohammad – Marta Nevot

España no acogió a Youssef Salaheddine, de 26 años, como él pensaba. Llegó a las islas Canarias en patera en noviembre de 2020. Pagó 2500 euros por el viaje. El chico vino para trabajar y mandar dinero a su familia como muchos de sus compatriotas. Fue detenido por la Policía Nacional el pasado mes de abril por una pelea en el centro de acogida de Las Raíces, el macro campamento donde conoció a Paula Franco, su novia y voluntaria de la Asamblea de Apoyo a Migrantes. Pasó ocho meses preso, a pesar de que no había pruebas suficientes para condenarlo, según denuncia su abogada. 

Antes de llegar a las Raíces, Youssef pasó sus primeros días con unos 2.000 migrantes en el puerto de Arguineguín. Ante la falta de previsión de las autoridades de su llegada. Luego, fue alojado en un hotel convertido en centro de acogida, y después llegó al macro campamento.

El espacio al que fue enviado Salaheddine y otros migrantes en febrero de 2021 es un antiguo cuartel militar. Lo han convertido en un centro de acogida de migrantes. Ahora mismo viven en este macro campamento 650 personas, según Accem Canarias, la ONG que lo gestiona.  

Salaheddine cuenta que el 27 de abril de 2021 uno de los chicos del centro discutió con una agente de seguridad justo antes de entrar a las duchas, y vio como se lo llevaban: «Los perseguí de lejos y de repente me cogieron a mí también y me llevaron a la comisaría», explica. Su abogada Loueila Mint El Mamy comenta a Baynana que lo metieron en prisión sin haber cometido ningún delito.

Según los documentos del caso revisados ​​por Baynana, el Juzgado de Instrucción 3 de San Cristóbal de La Laguna fue quien en primer lugar conoció de los hechos, pero se inhibió. Siendo conocidos posteriormente por el número 2, el cual por ser el competente, ratificó y dispuso que Youssef Salahedine y 3 compañeros más, fueran privados de libertad provisionalmente. Por unos hechos que Fiscalía calificó inicialmente como delitos de desórdenes públicos, amenazas, y uso de instrumentos peligrosos – un tubo de hierro-, castigados con penas de prisión que alcanzan hasta 11 años. 

La Fiscalía, tras celebrarse el juicio oral y ver el relato de hechos de los implicados, solicitó rebajar la pena de Salaheddine y los demás condenados a siete años por falta de pruebas. Hubo también disparidad en el relato de lo que ocurrió. Varios voluntarios de Accem negaron los hechos y los guardias de seguridad dieron versiones diferentes. Según la denuncia de estos últimos, un usuario en el campamento se enfrentó a una guardia de seguridad y acabó arrojándola al suelo. Mientras Salaheddine, junto con otros usuarios, amenazó con cuchillas de afeitar.

La sentencia (aún no firme) emitida por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife finalmente les condenó a 1 año de prisión por un delito de desórdenes públicos. Y según la sentencia emitida por dicho órgano jurisdiccional, lo único que se ha podido comprobar es que un usuario increpó a la guardia de seguridad, después la arrojó al suelo y se escondió en el cuarto de mantenimiento. Acudieron más guardias y otros usuarios -entre los que se encontraba Salaheddine- que rodearon a los vigilantes, los increparon y amenazaron con las cuchillas de afeitar para impedir que se llevaran a su compatriota.

Al final, las diferentes versiones hicieron que los tres jueces de la Audiencia Provincial redujeran la condena a un año de prisión. Como los cuatro ya habían cumplido 8 meses de prisión preventiva por falta de arraigo, y habiendo las abogadas de la defensa interpuesto un recurso contra dicha resolución, se procedió a su puesta en libertad.

La abogada de Salaheddine afirma que para los jueces “no importa lo que digas, si no lo que puedas acreditar”. Mientras que Paula cuenta que, cuando fue a aportar la documentación para verificar que su novio tenía arraigo porque vivían juntos, la jueza le dijo que “Todo era un cúmulo de despropósitos. No era posible que una mujer española se pudiera enamorar de él en las condiciones en las que estaba en el campamento”.

El 23 de noviembre de 2021, el día Internacional de los Derechos Humanos, se celebró el último juicio. Los chicos fueron puestos en libertad tras ocho meses, al cumplirse el tiempo máximo que podían estar en prisión preventiva. Youssef cuenta que se sintió desamparado y desesperado en los meses que pasó en prisión: “Pensaba todos los días en mi familia, no le deseo a nadie lo que viví” afirma el joven.

Youssef y Paula se abrazan, cuando Youssef salió de prisión.

Racismo institucional

La pareja relata su historia haciendo hincapié en el racismo institucional: “Muchos migrantes no saben español, y en la cárcel no hay intérpretes. Entonces, para ellos es 3.000 veces más complicados cualquier trámite que para una persona canaria”, recalca Paula. También asegura que “hay unas 100 personas dentro de la cárcel en la misma situación”. 

La letrada Mint El Mamy asegura que tiene más casos como el de Youssef porque las autoridades intentan mandar un mensaje de terror hacia la población migrante: “Cualquier cosa que pase en el campamento va a tener estas consecuencias y las personas van a acabar en prisión preventiva”. Asimismo, la abogada afirma que la justicia somete a los migrantes a unos niveles de violencia desproporcionados. Al restringir la libertad de los chicos sin indicios de haber cometido un delito y además, al dejar a chicos jóvenes sin antecedentes con presos comunes que sí los tienen.

Con la voz más alegre, Paula cuenta cómo vivió la salida de Youssef de prisión: “La abogada me llamó. Cuando me llamaba me ponía muy nerviosa, porque en ocho meses no me había llamado para una buena noticia. Me dijo que me tranquilizara, que Youssef salía ese mismo día… Yo me volví loca, me puse a llorar como una magdalena. Llamé a mi madre y me fui a la cárcel a esperar”. 

Las condiciones en Las Raíces 

Salaheddine y Paula describen las condiciones de habitabilidad de Las Raíces como deplorables. Con intoxicaciones alimentarias, carencia de personal sanitario y falta de transparencia por parte de la ONG que gestiona el campamento. Ante esto, unos 60 chicos del campamento decidieron crear un campamento protesta en 2021 de febrero hasta mayo.

Respecto a la falta de atención sanitaria en las Raíces, la responsable de la organización Accem en Canarias, María del Mar García negó estas acusaciones. Señaló que actualmente el equipo está formado por 17 personas.

Asimismo, a través de una llamada, García afirma que las empresas de alimentación las contrata el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no la ONG. Al principio sí hubo quejas relacionadas con la alimentación a las que Accem dio una respuesta coordinada y que adaptan las comidas a cada usuario.

Sobre lo que ha pasado con Salaheddine y sus compañeros, destaca que el trabajo de la organización es el de interventor social. Queda limitado a poner en conocimiento a los responsables en caso de conflicto, en este caso la Policía Nacional. García asegura que “cuando en los juzgados se toman unas decisiones hay que respetarlas”.

Ahora el joven Salaheddine participa de voluntario en un huerto ecológico y vive junto a Paula. Tienen cita para solicitar asilo. Piensan en formalizar su relación y casarse. 

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