Las denuncias por abuso policial en Lavapiés empujan al Ministerio del Interior a abrir una investigación 

Con el cuerpo sobre el suelo, un joven senegalés es reducido por un agente de la Policía Nacional mientras que otro se coloca de cuclillas al recibir un golpe en el cuello propiciado por otro agente de seguridad.  No hace acto de resistencia, según las imágenes divulgadas en redes sociales. A los pocos minutos se suman dos policías más, uno de ellos golpea al que está en el suelo a pocos metros del Carrefour del barrio de Lavapiés, en Madrid. La imagen, que fue grabada este viernes, muestra una supuesta agresión policial contra los chicos durante su detención acusados de atentado a la autoridad. 

Javier Moreno, el abogado de uno de los jóvenes agredidos, aclara en una entrevista con Baynana que la intervención de la policía se debía a una discusión entre dos personas y frente a la cual se llevó a cabo una actuación policial completamente “desproporcionada”. “A mi defendido se le agrede de una manera innecesaria ya que él no muestra ningún tipo de resistencia y tampoco se observa qué tipo de indicación se le da a él para que actuara de una o otra manera”, cuenta Moreno. El abogado señala que su defendido, de 21 años, no habla español, sino Wolof, lengua habitual en Senegal, y en este momento no había ningún intérprete. 

Con la difusión del vídeo que ha llegado a tener millones de reproducciones en las aplicaciones de Instagram y X (antes Twitter) desde su publicación el pasado viernes, 29 de marzo,  miles de personas se han hecho eco sobre las detenciones por perfil racial y el abuso policial. 

Tras esta repercusión, la Delegación de Gobierno en Madrid ha anunciado abrir una investigación sobre la actuación de la Policía Nacional. “La proporcionalidad es y debe ser un componente principal de la acción policial”, respondía en su cuenta de X el delegado de Gobierno en Madrid, Fran Martín Aguirre. Asimismo, el Ministerio del Interior ha abierto una investigación interna a través de la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos (ONGADH),  dependiente de la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad para analizar la actuación de los agentes. Esta resolución será el primer paso para detectar los posibles indicios de una infracción disciplinaria. 

Un barrio ¿peligroso?

Para Serigne Mbaye, activista social y ex diputado de la Asamblea de Madrid,  la difusión del vídeo en donde se evidencia el procedimiento de la policía con ambos jóvenes es solo una muestra de lo que sucede en Lavapiés. “Gracias a un vecino que pudo grabar se ha visto la brutalidad policial que pasa todo el rato en el barrio”, ha asegurado Mbaye en un vídeo difundido a través de la cuenta de X de Unidos Podemos. Coincide con él Sarahi Boleko, presidenta de SOS Racismo, uno de los colectivos antirracistas convocantes a la concentración en contra de la violencia policial, llevada a cabo este domingo.

Para Boleko, Lavapiés se ha convertido en un barrio criminalizado por el hecho de ser un sector con gran presencia intercultural. “Hemos tenido que organizarnos de manera urgente porque creíamos que era necesario hacer un contra discurso de las declaraciones oficiales diciendo que la agresión fue a causa de drogas, cuando no fue así. Fue una detención injustificada a compañeros que salían del Carrefour. El discurso hegemónico es la criminalización del barrio”, lamenta.  

Una de las residentes del barrio, Laura, destaca la capacidad organizativa de los vecinos del sector. “Tenemos muchas actividades interculturales, movimientos asamblearios entre vecinos y tenemos un fuerte movimiento ciudadano, es decir que aquí hay una buena convivencia. Entonces, el discurso de que este barrio es violento, puede ir un poco ligado al racismo”, analiza. 

Para Álvaro, que ha residido más de 30 años en el barrio de Lavapiés, este tipo de intervención policial no es casual. “Esto sucede porque es un sector en donde conviven varias culturas, entonces las fuerzas de represión del Estado nos tratan como lumpen, pero en realidad este es un barrio lleno de alegría, de convivencia desde hace décadas”. 

A pocos metros de él, Mercedes, otra residente del barrio, se une a la manifestación convocada en contra de la violencia policial. Para ella la diversidad cultural del barrio nunca ha sido un problema. “Lavapiés siempre ha sido un barrio pobre de inmigrantes en donde nunca nos hemos molestado unos a otros ni ha habido problemas”, sin embargo, aclara que la estratificación del barrio ha llevado a Lavapiés a una nueva transformación. “Ahora cada vez tenemos más pisos turísticos, esto está convirtiendo al barrio en un lugar invivible”. 

Las organizaciones sociales, y varios  vecinos del barrio de Lavapiés coinciden en que la fuerza está en la capacidad de organizarse para denunciar la difusión de los discursos de odio racista. “La respuesta coordinada entre colectivos antirracistas es fundamental para denunciar la violencia policial y la impunidad que tiene el racismo”, concreta la presidenta de SOS Racismo. 

El Centro de Defensa de los Derechos Humanos IRIDIA ha registrado 96 casos de abuso institucional desde 2016. Solo en 2022 la organización ha  litigado 62 casos de los cuales 57 continúan abiertos. Por estos litigios hay 131 agentes investigados: 31 de Mossos d’Esquadra, 72 de Policía Nacional, 19 de Policía Local (6 de ellos de Guardia Urbana), 7 de seguridad privada y 2 funcionarios de prisiones. De estos 57 casos abiertos, en 19 hay un componente de racismo. 

Los casos de abuso policial, aclara el informe, “se caracterizan por la desproporción de la actuación, el inicio de la misma a partir de una motivación racista (después de una identificación por perfilamiento étnico-racial o motivando esta la intervención) y/o por el uso de comentarios vejatorios claramente racistas”.
Para Moreno, abogado de uno de los afectados, de determinarse una intervención desmedida por parte de las fuerzas de seguridad, esta podría ser sancionada por el “delito de malos tratos llevado a cabo por un funcionario público”. Este hecho, concreta Moreno, muestra “una discriminación y falta de garantía para las personas racializadas al momento de su detención”.