Mujer de origen migrante en busca de trabajo digno: la frontera infranqueable

Ayham Al Sati – Okba Mohammad

Cuando Maimuna Badi Derawi, joven española de 22 años, entregó su currículum en una heladería en el centro de Murcia, la empresa mostró interés. Necesitaban empleados que hablaran varios idiomas para atender a los turistas, y ella habla cinco idiomas. Sin embargo, cuando Derawi acudió a la entrevista personal con el velo, todo cambió. “A la gente no le gustaría que una chica con velo les atendiera”, le dijo el jefe.

No es la primera vez que Maimuna Derawi, musulmana de origen árabe, sufría discriminación debido a su identidad religiosa cuando buscaba trabajo para hacer frente a sus gastos mientras estudiaba en la universidad. Casi siempre, por llevar el hiyab. «En la mayoría de los trabajos en el sector público no te contratan por el tema del hiyab, porque para ellos, trabajar con esta prenda no es correcto o no se ve bien», explica la joven estudiante de medicina y oftalmología, en una entrevista para Baynana.

Derawi afirma que no pudo encontrar trabajo en panaderías, cafeterías o restaurantes por llevar el velo como parte de su identidad religiosa.

La joven intentó trabajar como profesora de química para niños, trabajo para el que estaba cualificada. Tras publicar varios anuncios en Internet, tampoco en la red pudo librarse de la discriminación: «Una vez una mujer me llamó para contratarme para que le diera lecciones a su hijo, y se llegó al acuerdo y todo estaba bien, pero cuando llegué a casa y toqué la puerta, la señora abrió y preguntó: ¿Qué quieres?», cuenta Derawi. Recuerda que la señora se sorprendió al ver el estilo de la ropa y el velo. Después de terminar la primera lección, le envió un mensaje a Derawi informándole de que no quería más lecciones, lo que la chica considera discriminación.

Derawi es una de las hijas de migrantes, un perfil que ha analizado el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) en su informe sobre su integración en el mercado laboral español, en el que los autores indican que la integración de los hijos de migrantes en el mercado laboral representa un claro reto a nivel europeo y en España. 

Según los resultados de la investigación, existe discriminación en el mercado laboral contra los hijos de extranjeros frente a los hijos de españoles, y que esto se da en cualquier puesto de trabajo en distinta medida.

Los hijos de españoles tienen un 36% más de posibilidades que los hijos de migrantes de ser seleccionados para pasar el primer proceso selectivo en ofertas de trabajo. En comparación con los hijos de españoles, los hijos de marroquíes tienen un 50% de posibilidades de que se les rechace la solicitud de empleo, los hijos de migrantes peruanos un 30% y los hijos de migrantes chinos un 31%, según indica el informe.

Tras varias comunicaciones desde enero de 2023 con la Gabinete de la Vicepresidencia y Ministra del Ministerio de Trabajo y Economía de España, Baynana no obtuvo respuesta a consultas sobre información y datos relacionados con casos y tipos de discriminación contra migrantes y sus hijos en el mercado laboral.

La discriminación contra los migrantes y sus hijos en el mercado laboral queda patente al leer sus apellidos, que difieren del apellido europeo blanco: “Es la primera barrera”, explica Sarahi Sarami Boleko, presidenta de la asociación SOS Racismo (Madrid), durante una entrevista con Baynana.

“Este es el primer filtro que ponen para que no encontremos migrantes en los lugares de atención al público, en las tiendas de ropa o en los supermercados, etc…” afirma que, aunque esta persona racializada migrante tenga las mismas habilidades y destrezas que la persona blanca, sus posibilidades de llegar a la entrevista son bajas. Continúa que si supera la primera barrera y llega a la entrevista «el responsable de recursos humanos tiene sesgos racistas y xenófobos que impiden seleccionar a un migrante que tiene las mismas capacidades y habilidades, y luego justifica que no aprobar el examen».

Las trabajadoras de hogar: entre explotación y discriminación 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó en febrero de 2022 que el sistema español es discriminatorio porque no reconoce el derecho a la prestación por desempleo a las trabajadoras del hogar. La Fiscalía General de la UE también consideró que el sistema de trabajo de las empleadas del hogar es incompatible con el derecho comunitario porque supone una discriminación indirecta por razón de sexo. Sin embargo, en octubre de 2022 se produjo un cambio y las trabajadoras de servicios pudieron empezar a cotizar a la seguridad social y obtener derecho al desempleo. El sector del empleo en el hogar tiene elevados índices de irregularidad, pero los legisladores no tuvieron esto en cuenta y dejaron fuera del nuevo marco legal a las trabajadoras sin papeles.

La presidenta Boleko ejemplifica esta explotación contra las trabajadoras del hogar: «Si soy empleada del hogar, a veces me pagan por hora o en negro, solo porque soy de origen migrante. Piensan que no conozco mis derechos”. Agrega que muchos jefes se aprovechan de las trabajadoras, por ejemplo, no declarando el registro en la Seguridad Social, algo que atenta contra los derechos de los trabajadores. 

Entre estas trabajadoras de servicio doméstico está Carolina Elías, de El Salvador, que vive en España desde hace 12 años. Abogada en su país de origen, fue también presidenta de la Asociación de SEDOAC. Elías decidió no quedarse de brazos cruzados, por lo que se incorporó a esta asociación en 2012, tras sufrir discriminación racial en su trabajo. “Desde que llegué a España empecé a sufrir todo lo que es discriminatorio por tener otro color de piel, y sobre todo era discriminación en el trabajo doméstico y de cuidados”, dice.

Elías se graduó en la Universidad Complutense de Madrid, pero el único trabajo que pudo encontrar fue el de servicio doméstico. «Ser extranjera en esta tierra te lleva a los peores trabajos, en las peores condiciones, con mucha presión y sin disfrutar de una vida digna», explica, indicando que fue discriminada por ser extranjera y también sufrió abuso sexual.

«Hay opresión en la forma de trabajar y una clara discriminación que las mujeres migrantes tienen que soportar, porque las mujeres españolas no aceptan estas condiciones precarias”, dice. “¿Y por qué las mujeres migrantes hacen esto? Porque no tienen otra opción y tienen una necesidad urgente de enviar dinero a sus familias, pagar las deudas con las que vinieron y sobre todo para poder quedarse aquí en España”.

En SEDOAC, Elías conoció la precariedad de este sector en toda su magnitud: cada día recibía testimonios de trabajadoras cuyos patrones se negaban a darles vacaciones, no les dan permiso para ir al médico y realizar otros trámites, e incluso les piden que estén agradecidos de poder trabajar sin papeles y sin registro de seguridad social, es decir, quedando fuera de cualquier beneficio social y sin los derechos que disfrutan otras trabajadoras.

La ex presidenta de SEDOAC describe este trabajo como “la esclavitud moderna” porque en esta profesión hay que trabajar las 24 horas del día, seis o incluso siete días a la semana. Esta persona que vive en el mismo lugar donde trabaja no puede formar una familia, cuidar de su familia si ya la tiene, ni tener tiempo libre, ir a comer algo a un café o ir al cine, por ejemplo.

Esta esclavitud moderna ha aumentado en el mundo. Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo, el número de personas sujetas a esclavitud moderna ha aumentado dramáticamente en los últimos cinco años. En 2021, había 10 millones más de personas en situación de esclavitud moderna que las estimaciones mundiales en 2016. Las mujeres y los niños siguen siendo desproporcionadamente vulnerables.

Recientemente Elías dejó SEDOAC para lanzarse a la política y presentarse al partido Más Madrid con el objetivo de luchar por las personas de origen migrante.

¿Sirve denunciar? 

Maimuna Derawi acudió a la policía a presentar una denuncia contra una cafetería de Murcia por su negativa a contratarla por motivos que considera discriminatorios. El gerente de la cafetería le dijo que a los clientes no les gustaría que una chica con velo les atendiera, pero la policía no aceptó la denuncia, justificando que una cafetería es un espacio privado y su dueño tiene derecho a tomar las decisiones sobre la contratación. Según el artículo 14 de Constitución Española, nadie puede ser discriminado por razón de “nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

La situación irregular es una barrera que enfrentan las personas sin papeles cuando deciden denunciar ante la policía los casos de discriminación, explotación y abuso sexual que sufren, debido a su temor a que la policía las expulse del país más tarde al descubrir su situación irregular. La falta de apoyo y protección hace que muchas mujeres migrantes se vean obligadas a guardar silencio y aguantar, como en el caso de Elías.

Elías afirma que muchas de sus compañeras trabajadoras domésticas se niegan a presentar denuncias sabiendo de antemano que no serán escuchadas por la policía. “Si una compañera no tiene papeles, lo más probable es que el policía le diga después que le va a hacer un expediente de expulsión, y esto ha pasado en varios casos», asegura. Uno de estos episodios describe que el empleador golpeó a una mujer migrante y cuando ella fue a la policía para poner una denuncia, con moratones visibles en su rostro, un agente le dijo que le abrirían un expediente de expulsión, así que ella se escapó.

Por su parte, Boleko aconseja a quienes son objeto de explotación o discriminación que no teman ni duden en presentar una denuncia o denunciar las situaciones a las que se ven expuestos, y que busquen ayuda en asociaciones o instituciones especializadas en este campo, y califica esta situación como «complicada» al mismo tiempo.

Elías no solo sufrió discriminación en el trabajo, sino también ataques racistas en su propia sede de asociación en Madrid, donde se borraron dibujos de mujeres migrantes en las paredes del edificio de la asociación.

Durante la preparación de este reportaje, la Policía Nacional detuvo a una “célula delictiva” en Málaga formada por 43 personas implicadas en la explotación de mano de obra de personas migrantes mediante falsos contratos. Según el comunicado policial, las personas que fueron explotadas por la célula son ciudadanos marroquíes que se encontraban en situación irregular, señalando que la célula se aprovechó de su necesidad y falta de permiso de residencia y trabajo, y los empleó con las identidades de otros ciudadanos extranjeros, quienes también se encontraban en situación irregular.

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