Pacto europeo: la política migratoria se endurece una vez más en el viejo continente

A medida que aumenta el número de personas obligadas a abandonar sus países, Europa parece cerrar cada vez más sus puertas. Países que antes eran favorables a la acogida están aprobando leyes para dificultar la obtención de la ciudadanía o para favorecer las expulsiones, como Alemania. Otros, como Francia, proponen leyes muy controvertidas y cercanas a la agenda de la extrema derecha. Todo esto, enmarcado en una política europea que se endurece, lo que tiene también consecuencias sobre España. 

El pasado diciembre, el Parlamento Europeo y los Estados miembros alcanzaron un principio de acuerdo sobre la reforma de la política migratoria, después de años de negociaciones. El texto aún no se ha adoptado definitivamente, pero todos los Estados miembros, incluidos los países más favorables a la inmigración como Alemania, han dicho «sí». Entonces, ¿qué contiene el texto?

En primer lugar, la UE prevé crear un mecanismo de solidaridad entre países en beneficio de los «Estados bajo presión migratoria», lo que podría dar lugar al traslado de personas de un país a otro. En segundo lugar, se acelerará el «filtrado» de inmigrantes en las fronteras: deberá realizarse en un plazo de cinco días. Una de las medidas más sonadas es la posibilidad de que los Estados se nieguen a aceptar a determinadas personas a cambio de una compensación económica.ç

¿Qué consecuencias tiene para España?

El pacto ha provocado las críticas de muchas ONG de derechos humanos y refugiados como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Verónica Laorden Gómez Pavón, responsable estatal del servicio de investigación y estudios de la CEAR , ex asistente parlamentaria y con un máster en derechos humanos y migración internacional, cree que la introducción de nuevos controles en la frontera es uno de los elementos más preocupantes. 

“No deja claro el texto en qué lugar se van hacer estos controles. Puede ocurrir que sea en condiciones de privación de libertad, algo que tiene que ser el último recurso”, explica. Añade que no se va a exigir la presencia de un abogado sino un accesoriamente legal «que está vagamente definido».

El pacto debería firmarse antes de las elecciones europeas de junio. Tendrá varias consecuencias en España. Según Laorden, podría introducir discriminaciones por razón de nacionalidad porque el nuevo procedimiento fronterizo único de asilo y retorno, acelerado, se hará bajo la presunción de que la mayoría de las personas que llegan no tienen necesidades de protección y que el estudio de las solicitudes podrá hacerse en el plazo más breve posible. Este procedimiento se aplicará de manera discriminatoria a aquellas personas cuya nacionalidad tenga una tasa de reconocimiento de la condición de refugiado menor del 20% en la UE. «Por ejemplo, Nigeria tiene una tasa de reconocimiento a España del 29% y en Europa es del 13%. Probablemente [las personas que vengan de Nigeria] tendrán menos garantías de protección», detalla.

En su opinión, existe también el riesgo de que los acuerdos de cooperación con países del norte de África se consoliden y multipliquen. “Este pacto va a promover la firma de acuerdos con el fin de ceder la gestión de las migraciones a terceros países. Es una externalización de la gestión de las fronteras”, aclara.

El día 1 de febrero, varias decenas de personas se reunieron en el espacio Conciencia Afro de Madrid para dialogar sobre el tema. La abogada de inmigracion y extranjería que trabaja en Canarias, Loueila Mint El Mamy, quiso destacar que “centros de detención y pruebas de determinación a menores sin respetar sus garantías, todo eso ya existe en Canarias. Podemos hablar de endurecer, pero sigue siendo dura la política europea.”

Este pacto introduce nuevos conceptos, como el de instrumentalización. Es decir, cuando un país utiliza la inmigración para desestabilizar a otro. Javier Moreno, abogado especializado en derecho de migración, que también participó en la conferencia, explicó lo que esto significa: “En este caso, un estado va a poder no aplicar los procedimientos de asilo. No tenemos controles o maneras de supervisar este régimen de excepción”.

Paula Guerra Caceres, comunicadora social y ex presidenta de SOS Racismo Madrid, propuso una lectura antirracista y decolonial de este nuevo pacto. En sus palabras, “todos estos sistemas legales mantienen un ordenamiento colonial que establece que hay determinados cuerpos que no merecen vivir”. Concluyó su análisis recordando: “Si la extrema derecha ha tensionado el debate, no podemos olvidar que todas estas políticas han sido implementadas por gobiernos socialdemócratas”. 

Europa endurece así su política de inmigración, lo que tiene consecuencias para todos sus países miembros. Pero algunos de ellos no han esperado a este pacto para tomar sus propias medidas.

Francia: La polémica Ley de Inmigración

En Francia, la ley de inmigración propuesta por el gobierno en febrero ha provocado una ola de indignación. Entre 75.000 y 150.000 personas se manifestaron en París y un gran número de asociaciones, grupos y personalidades públicas se opusieron a la ley. Algunos departamentos incluso dijeron que no la aplicarían.

El 26 de enero, algunas de las medidas fueron censuradas por el Conseil Constitutionnel (órgano encargado de comprobar que las leyes se ajustan a la Constitución). Entre ellas estaba el muy controvertido artículo sobre la «preferencia nacional», una idea que suele promover la extrema derecha. El artículo pretende impedir que los extranjeros que trabajan en Francia y están presentes en el país menos de 30 semanas (menos tiempo para los que no trabajan) tengan derecho a prestaciones familiares y de vivienda.

En concreto, «esta parte de la ley iba a afectar a 110.000 personas, entre ellas 30.000 niños», afirma Arnaud Bontemps, portavoz del colectivo Nos services publics, que ha publicado un análisis basado en el trabajo de cuatro economistas. La idea es poner de relieve las consecuencias prácticas de esta parte de la ley, a través de estudios de casos. «Hay un ejemplo especialmente llamativo. Se trata de dos madres solteras con un hijo de nueve meses. Ambas trabajan a tiempo parcial como auxiliares de cuidados. Si se aprobara la ley, una de ellas, que no es francesa, perdería casi 1.000 euros al mes en prestaciones por hijo y vivienda: sólo recibiría su salario neto de 650 euros para ella y su pequeño», explica el portavoz.

Este análisis demuestra, en su opinión, que la preferencia nacional no beneficia a nadie: «Dicen que esta ley favorecerá la situación de los franceses, pero lo único que hace es empeorar la de los extranjeros”. Por tanto, esta parte de la ley ha sido censurada, una «buena noticia» para Arnaud Bontemps, que sin embargo matiza: «Este debate ha demostrado que los obstáculos que parecían totalmente insalvables han sido finalmente superados».

Además de la «preferencia nacional», el Gobierno quería endurecer las condiciones de acceso a la reagrupación familiar, autorizar la toma de huellas dactilares y fotografías de extranjeros sin su consentimiento y poner fin al Ius soli automático para los hijos de extranjeros nacidos en Francia. Todas estas medidas fueron rechazadas por el Consejo Constitucional.

Sin embargo, se mantienen algunos elementos de la ley, en particular la obligación para los recién llegados de firmar un contrato por el que se comprometen a respetar los «Principios de la República», la simplificación de la expulsión de los extranjeros que hayan cometido delitos y la facilitación de la regularización de los trabajadores indocumentados en profesiones con escasez de personal.

Alemania: facilitar las expulsiones pero atraer mano de obra

Más sorprendente aún, Alemania, hasta ahora muy abierta a la inmigración, propuso el pasado octubre una ley para facilitar la expulsión de refugiados sin derecho de estancia. La duración máxima de la detención policial ha sido aumentada de 10 a 28 días. El objetivo es dar más tiempo a las autoridades para organizar las expulsiones, que se producirán sin previo aviso, salvo en el caso de familias con hijos menores de 12 años.

Además, se ampliará la posibilidad de registrar pisos y albergues para que la policía pueda recuperar datos y los procedimientos de recurso ante los tribunales serán acelerados. Los plazos de expulsión variarán de un Estado federado a otro.

Este giro en la política migratoria alemana ha causado revuelo en el país. El canciller Olaf Sholz saltó a la portada de Der Spiegel en Octubre, con motivo de una entrevista en la que declaró: “Tenemos que deportar a gran escala”.

La ley tiene un segundo objetivo: facilitar determinadas regularizaciones para aumentar la oferta de mano de obra cualificada. Para ello, se han flexibilizado las condiciones para obtener la nacionalidad. Alemania es un país envejecido que quiere atraer a trabajadores cualificados de Asia. El ministro de Trabajo, Hubertus Heil (SPD), explicaba en el diario Der Spiegel: «Me gustaría que pudiéramos atraer cabezas pensantes y manos colaboradoras, también de Vietnam y Tailandia».

Otros países están introduciendo medidas restrictivas similares. Dinamarca, por ejemplo, lleva varios años aplicando una política de reducción de la inmigración. En el caso de Suecia, la derecha y la extrema derecha han formado una coalición y la política migratoria se endurance desde hace años. Hay también cada vez más países que firman acuerdos para repartirse la carga de la acogida de migrantes. En noviembre de 2023, Italia firmó un acuerdo con Albania, mientras Reino Unido, que abandonó la UE en 2020, firmó un acuerdo con Ruanda el pasado diciembre. Gran parte del viejo continente avanza hacia una lógica de muros cerrados.