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Siria no es un país seguro

La pretensión de Dinamarca de considerar Damasco (capital de Siria) ciudad segura para el retorno sienta un peligroso precedente para aquellos estados miembros con poco o ningún respeto por la Convención de Ginebra

Ana González-Páramo , Fundación PorCausa

En la Plaza Platerías Martínez 1 junto al madrileño Paseo del Prado, rodeado de terrazas y turistas se erige el edificio abandonado de la embajada de Siria en España. Este palacete simboliza el olvido de un drama aún candente pero postergado en los medios. Una guerra que ha cumplido en 2021 diez años de muerte, exilio e impunidad. Pero la fatiga informativa no se corresponde con el constante movimiento político y diplomático para hacer algún avance en el enquistado y dramático problema sirio.

Veinte años después de la llegada al poder Bashar al Assad y tras diez años de la Primavera de Damasco, Siria transita por un traumático siglo XXI que se agrava en el marco geopolítico de la región. Según el índice global de Fund for Peace, Siria encabeza junto a Somalia y Yemen la lista de estados frágiles o fallidos.

Este índice conjuga doce indicadores como la corrupción generalizada, el comportamiento delictivo de sus élites, grandes desplazamientos de población, incapacidad para suministrar servicios básicos o para interactuar con la comunidad internacional. Como alerta el International Crisis Group, Siria está desgarrada y la situación humanitaria es muy grave, con unos once millones de personas necesitadas de asistencia para sobrevivir (Programa Mundial de Alimentos).

Deforestación, desertificación, agotamiento de los recursos hídricos, contaminación y escasez de agua potable y alimentos son una peligrosa ecuación en un contexto de dictadura, conflicto civil y colapso económico. Las duras condiciones de vida, el aislamiento y el desplome de la economía libanesa, de la que tenía una fuerte dependencia, se agravaron con la llegada de la Covid-19. La pandemia debilitó aún más un sistema de salud seriamente degradado por la guerra y la destrucción de infraestructura humanitaria.

Mientras la comunidad internacional busca una solución política en el marco de la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de la ONU, los actores humanitarios denuncian las trabas burocráticas del régimen para que la ayuda llegue a quien lo necesita. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), calcula que 8 de cada 10 personas en Siria viven por debajo del umbral de pobreza. Las infraestructuras básicas de electricidad y agua están al límite. Su caída supondría una regresión profunda en las condiciones de vida de la población. Mientras unos apelan a una ayuda más comprometida que las puntuales acciones humanitarias, otros consideran que la cooperación al desarrollo a más largo plazo sería utilizada como propaganda y desinformación por Assad para eternizarse en el poder.

La diáspora siria: una carrera de obstáculos para acceder al asilo

Según CEAR, unos trece millones de personas sirias (75% de su población), emprendió el camino del desplazamiento forzado. Dentro o fuera de sus fronteras. A mediados del pasado año 6,6 millones de personas sirias vivían fuera de su país. La mayoría en Turquía (3,6 millones), a continuación en Líbano (884.000) y Jordania (658.000). Seguidos de Irak y Egipto. En Europa, Alemania (562.000) y Suecia (114.000) fueron los principales países de acogida.

¿Y España? De 2014 a 2016 la nacionalidad siria era la más numerosa entre los demandantes de protección internacional. En 2017 pasó al segundo puesto (4.225 solicitudes de asilo) y en 2018 al tercero (2.775). En 2019, las solicitudes de asilo por parte de nacionales sirios se desplomaron. No fue por arte de magia. Se trataba de la introducción de la exigencia de visado de tránsito aeroportuario (ATV) para sus nacionales. Este muro legal les impide acceder directamente a un puesto fronterizo español en el que formalizar su solicitud de asilo de forma legal y segura. Tienen que solicitarlo previamente en la Misión Diplomática u Oficina Consular española en el país de origen o en el del país que represente a España en aquel. Convirtiendo el derecho al asilo en una meta casi inalcanzable. En 2020 apenas hubo 400 personas solicitantes de asilo originarias de Siria.

Las relaciones diplomáticas entre España y Siria se deterioraron a raíz de la brutal represión de las protestas ciudadanas del 2011. En 2012 España llamó a consultas a su embajador en Damasco y en 2013 se declaró al embajador sirio en Madrid persona non grata. Hoy día, tan solo un diplomático español en la embajada española en Beirut está acreditado como encargado de negocios ad interim ante el gobierno de Damasco. Hay desplazamientos periódicos a territorio sirio. Tan solo 250 personas españolas residían en Siria en 2020.

El seguimiento de las acciones humanitarias para protección de la población civil las gestiona la Oficina de Acción Humanitaria (OAH) de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) desde Amán (Jordania). Sin embargo, debido a la continua merma de fondos de cooperación y ayuda humanitaria hacen lo que pueden para apoyar grandes fondos humanitarios y actores en la región como el de OCHA o el Comité Internacional de la Cruz Roja-Media Luna Roja.

Siria no es un país seguro

La propia Unión Europea afirma que aquellos que regresan a Siria se enfrentan a detenciones, desapariciones, torturas por parte de las fuerzas de seguridad. En el mejor de los casos, un servicio militar obligatorio en zonas de conflicto. La pretensión de Dinamarca de retornar a cientos de sirios a Damasco (y eventualmente a Hasakeh y Alepo) tras considerar que la ciudad es segura sienta un peligroso precedente. Probablemente lo seguirán otros estados miembros con poco o ningún respeto por la Convención de Ginebra. 

La mayoría de los refugiados sirios quieren volver a su país una vez las condiciones de seguridad sean creíbles. Según un estudio de la Asociación Siria para la Dignidad de los Ciudadanos (SACD), un cuarto de los encuestados nunca volvería. Retornar ahora a Siria exige la firma de un “documento de reconciliación” en la embajada siria en el país de acogida.

Su rúbrica implica el reconocimiento de haber abandonado el país de manera ilegal y la aceptación de las eventuales cuestiones pendientes con el régimen sirio. Es decir, la admisión a ciegas de su eventual procesamiento, represalia o castigo. ¿Quién optaría por el retorno y el de sus familias en estas condiciones?

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